CONFERENCIA

SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA CONMINATORIA DE REINCORPORACIÓN LABORAL.

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LA ESTABILIDAD LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL (PARTE II)

Pedro Callisaya

V.  PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL

El uso de la acción de Amparo Constitucional a efectos de hacer valer el derecho a la estabilidad laboral se encuentra sometido a las mismas exigencias de Admisibilidad establecidas en el artículo 33 del Código Procesal Constitucional y de Procedencia (Subsidiariedad e Inmediatez) reconocidos para el común de las acciones de defensa.

En lo que interesa a efectos del presente trabajo, se desarrolla la práctica jurisprudencial respecto a los requisitos de procedencia del amparo.

Subsidiariedad

Por regla general, la acción de amparo constitucional no procede cuando existen otros medios procesales para la restituciòn del derecho. Es en ese sentido que se desarrollaba el lineamiento jurisprudencial anterior,

“…III.1.La jurisdicción constitucional no ejecuta resoluciones administrativas ni judiciales

La acción de amparo constitucional como instrumento tutelar de los derechos y garantías fundamentales de las personas, no es un mecanismo para ejecutar o hace cumplir las resoluciones emitidas por autoridades administrativas ni judiciales.

Al respecto la SC 1911/2004-R de 14 de diciembre, citado por la SC 2850/2010-R de 10 de diciembre, ha sentado el precedente, señalando que: “…al Tribunal Constitucional, en el ámbito de las competencias asignadas por las normas previstas por el art. 120 de la CPE y la Ley del Tribunal Constitucional, no le está fijada la atribución de hacer cumplir las resoluciones firmes de otros órganos jurisdiccionales de la jurisdicción común, o las que emerjan de un procedimiento administrativo, sino que son estos los que tienen que hacerlas cumplir, así como resolver los incidentes que se presenten en su ejecución. Consiguientemente, una vez agotada la vía administrativa, los recurrentes deben acudir ante el órgano competente para que, en ejecución de esos fallos, haga cumplir los mismos, no siendo el recurso de amparo constitucional la vía idónea para ese fin, habida cuenta que se activa solamente ante la vulneración clara y efectiva de un derecho fundamental…” (SC Nº 1911/2004-R; 2850/2010-R)

Sin embargo, este entendimiento queda superado a partir de la SCP Nº 0177/2012 que dejando de lado la anterior concepción jurisprudencial establece una excepción a la regla de la subsidiariedad:

“…III.3.El carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional tiene su excepción, en razón a la necesidad de protección inmediata que requieren algunos derechos constitucionales

Como se puntualizó precedentemente la acción de amparo constitucional por su naturaleza, está revestida de los principios de subsidiariedad e inmediatez, cuyo cumplimiento son requisitos insoslayables para su viabilidad; empero, el extinto Tribunal Constitucional en su frondosa jurisprudencia ha establecido excepciones a esta regla, determinando que en algunos casos puede prescindirse de este principio, dada la naturaleza de los derechos invocados, a la naturaleza de la cuestión planteada y la necesidad de una protección inmediata.

Con relación a la protección inmediata en atención a los derechos vulnerados, la SC 0143/2010-R de 17 de mayo, precisó: “La norma prevista por el art. 94 de la LTC y la jurisprudencia constitucional, establecen la subsidiariedad del amparo constitucional, cuya naturaleza subsidiaria está reconocida por la actual acción de amparo constitucional, conforme prevé el art. 129 de la CPE, al disponer que la acción de tutela se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, configurándose su carácter subsidiario. Sin embargo, la subsidiariedad de esta acción tutelar no puede ser invocada y menos aún aplicada en el presente caso, que reviste un carácter excepcional en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada de inmediata y urgente protección…”.

En base a este entendimiento, la estabilidad laboral es un derecho constitucional cuya vulneración afecta a otros derechos elementales, a este efecto consideramos que se debe abstraer el principio de subsidiariedad en aquellos casos en que una trabajadora o un trabajador demande la reincorporación a su fuente trabajo ante un despido sin causa legal justificada; con el único requisito previo de recurrir a las Jefaturas Departamentales de Trabajo denunciando este hecho, a objeto de que estas entidades una vez establecido el retiro injustificado conmine al empleador a la reincorporación inmediata en los términos previstos por el DS 0495, y ante su incumplimiento se hace viable la tutela constitucional a través de la acción de amparo constitucional. Entendimiento asumido en virtud a que en estos casos no sólo se halla involucrado el derecho al trabajo, sino otros derechos elementales como la subsistencia y a la vida misma de la persona, ya que cuando se afecta el derecho al trabajo a través de una despido injustificado, no sólo se afecta a la persona individual, sino a todo el grupo familiar que depende de un trabajador o trabajadora por cuanto implícitamente se atenta contra la subsistencia de sus hijos o dependientes, de ahí que el derecho al trabajo constituye uno de los principales derechos humanos…” (SCP Nº 0177/2012; SCP Nº 0017/2013; SCP Nº 0185/2013-L)

En otras palabras, la necesidad de una inmediata tutela en razón de los derechos invocados y la naturaleza de la cuestión planteada, además de la afectación a otros derechos fundamentales (vida, salud, trabajo, estabilidad laboral SCP Nº 0085/2013), motivan este cambio de línea jurisprudencia.

Tal es la naturaleza de esta exigencia, que somete dicha inmediatez incluso a la exigencia de un reclamo oportuno en sede administrativa laboral por parte del trabajador afectado (SCP Nº 0195/2013-L).

No obstante ello, la propia SCP Nº 0177/2012 modula esta excepción a la regla de la subsidiariedad en el siguiente sentido:

“…Sin embargo, a efecto de consolidar la protección de la estabilidad laboral que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución, se hace necesaria la modulación sobre el tema:

En consecuencia, aplicando las normas legales relativas a la estabilidad laboral descritas, se debe considerar los siguientes supuestos:

1) En caso de que una trabajadora o un trabajador, ante un eventual retiro intempestivo sin causa legal justificada opte por su reincorporación, deberá denunciar este hecho ante las Jefaturas Departamentales de Trabajo; entidades que deberán asumir el trámite previsto por el DS 0495, emitiendo si corresponde la conminatoria de reincorporación en los términos previstos en esta norma, y en caso de que el empleador incumpla la conminatoria, el trabajador o trabajadora podrá interponer la acción de amparo constitucional, misma que resulta más idónea en estos casos por las razones antes expuestas.

2) Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria, conforme previene el referido Decreto Supremo; vale decir interponiendo una acción laboral dentro los alcances establecidos por el art. 65 del Código Procesal del Trabajo (CPT), precepto que otorga la posibilidad al empleador de constituirse en parte demandante en una acción social, instancia en la que en definitiva se establecerá si el despido fue o no justificado, esto debido a que la justicia constitucional sólo viabiliza la tutela inmediata ante la decisión unilateral del empleador que opta por un despido intempestivo sin causa legal justificada.

3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral…”

Inmediatez

Conforme se tiene manifestado, la acción de amparo constitucional en la temática de la estabilidad laboral también se encuentra sometida al cumplimiento del principio de inmediatez, que en su aspecto negativo refiere la necesidad de su interposición dentro del plazo de caducidad de los seis meses.

Al respecto, varias Sentencias Constitucionales señalan como momento de inicio del cómputo del plazo de caducidad la notificación con la conminatoria. Es el caso de las SCP Nº 0177/2012; SCP Nº 0110/2013-L; SCP Nº 0128/2010:

“…Consiguientemente, en el presente caso la conminatoria para la reincorporación a la fuente laboral de la accionante fue emitida el 20 de septiembre de 2010, y las notificaciones a las partes fueron realizadas el 23 y 24 del mismo mes y año respectivamente, momento desde el cual se debe considerar la presunta lesión a sus derechos y garantías de la accionante, a objeto de plantear la acción; no obstante, la accionante presentó su demanda de acción de amparo constitucional el 6 de abril de 2011; es decir, después de los seis meses y 12 días, es así que la presente acción se interpuso de forma extemporánea contrariando el principio de inmediatez; toda vez que el plazo se debe computar a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada con la última decisión administrativa y no así desde la ejecutoria de la referida conminatoria…”

No obstante ello, la SCP Nº 0159/2013-L refiere la ejecutoria de la conminatoria como punto de partida del cómputo del plazo de caducidad:

“…De una exhaustiva revisión de los actuados procesales, se llega a establecer que el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, emitió la conminatoria de reincorporación del representado del accionante, el 28 de junio de 2010, ante el incumplimiento de dicha Resolución, el 25 de agosto del mismo año se pronunció la ejecutoria de la mencionada conminatoria, desde cuya emisión debió iniciarse el cómputo de los seis meses para la interposición de la presente acción tutelar, conforme la disposición contenida en el art. 10 del DS 28699, que instituye: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo IV del presente artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”; efectuada la cita normativa, se concluye que el cómputo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, establecidos en el art. 129.II de la Norma Suprema, debe iniciarse a partir de la conminatoria ordenada…”

VI.  ÁMBITO SUSTANTIVO DE DECISIÓN DEL AMPARO CONSTITUCIONAL

El ámbito de decisión de la acción de amparo constitucional en ocasión del derecho a la estabilidad laboral, se encuentra definido por la propia jurisprudencia constitucional en torno a los siguientes criterios:

Naturaleza de la decisión

Como se explicó anteriormente, la inicial orientación de la jurisprudencia constitucional en cuanto a la subsidiariedad cambia hasta tener mayor receptividad a las decisiones administrativas del Ministerio de Trabajo. Así la SCP Nº 0203/2013-L expresamente dispone:

“…Bajo el entendido de que las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, obligan a la justicia constitucional a efectivizar conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social sin atender a su contenido…”

No obstante ello, como se verá más adelante, la propia jurisprudencia reconoce la posibilidad de control de la conminatoria.

La misma SCP Nº 0203/2013-L define el carácter provisorio y transitorio de la decisión del Tribunal de Garantías:

“…Si bien la justicia constitucional en atención a las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, debe otorgar tutela transitoria disponiendo la reincorporación provisoria de la o el trabajador no puede hacerlo si la orden no cuenta con los mínimos elementales que la hagan efectiva…”

Tutela de Derechos Fundamentales

Con especificidad, la acción de amparo en cuanto a la estabilidad laboral se encuentra vinculada al incumplimiento de los presupuestos establecidos en los artículos 16 LGT y 9 de su DR.

“…En ese orden de ideas, analizadas las normas precedentes, se arriba a la conclusión primaria de que generan la obligatoriedad de reincorporar a un trabajador despedido de su fuente de trabajo sin que concurran algunas de las causales previstas por el art. 16 de la LGT; es decir, víctima de una cesantía ilegal; bien, tal como ha sido desarrollado, en aplicación del principio de jerarquía normativa previsto por las normas del art. 410 de la CPE, un decreto no puede crear nuevos derechos ni discutir la aplicación de aquellos ya dispuestos por las leyes que reglamenta…” (SCP Nº 0177/2012).

También la acción de amparo puede pronunciarse en cuanto a los despidos injustificados de personas con capacidades diferentes (SCP Nº 0019/2013)

“…De acuerdo a las características del caso concreto, corresponde insistir que se tiene estipulado que el derecho fundamental a la inamovilidad funcionaria de personas que tengan bajo su dependencia individuos con discapacidad -en primer grado en línea directa y hasta el segundo grado en línea colateral-, importa una protección constitucional reforzada para obtener y conservar una fuente de trabajo, a modo de prever una eventual ruptura de la relación laboral que afecte al discapacitado en los beneficios que le asisten…”

Control de razonabilidad de la acción despido

El control constitucional alcanza la razonabilidad de la acción de despido del trabajador de modo tal que no se funde en causas discriminatorias.

“…La normativa constitucional e internacional emergente de tratados de Derechos Humanos y convenciones internacionales desarrollada, permite concluir que el Estado tiene la especial obligación de crear condiciones que procuren a todos los ciudadanos amplias posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa, a fin de asegurar la continuidad de los medios de subsistencia y mejores condiciones de vida para la población; sin que en el ámbito laboral, ni en ningún otro, esté permitida la discriminación, habiéndose eliminado por disposición constitucional toda forma de racismo, discriminación, colonialismo y toda práctica de segregación y discriminación que acompañan a la misma, a objeto de un disfrute completo de los derechos fundamentales consignados en la Norma Suprema; y, en el caso en concreto, de los derechos de los ciudadanos en materia laboral, siendo que se advierte la existencia de situaciones en las que se asumen decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores burlando sus derechos, bajo causas no justificadas y que constituyen despidos injustificados, cuando lo que busca el orden constitucional vigente el es respeto a los derechos laborales en nuestro país…” (SCP Nº 1487/2012).

Procedimiento de reincorporación administrativa

El procedimiento administrativo de reincorporación tambien es objeto de control a través de la acción de amparo constitucional.

a)     Cumplimiento del estándar del Debido Proceso

Tal es el caso del Derecho a la defensa

“…Ahora bien, la Constitución Política del Estado en su art. 50, la Ley General del Trabajo en el art. 105 y las normas reglamentarias (DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el DS 0495 de 1 de mayo de 2010), establecen como concreción del derecho a la jurisdicción o derecho de acceso a la justicia (art. 115.I de la CPE), el derecho de las trabajadoras y trabajadores, así como del empleador, al proceso administrativo ante las autoridades del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social (autoridades laborales administrativas) hasta la revisión de la decisión judicial posterior (SCP 0591/2012 de 20 de julio), como vía válida para resolver los conflictos emergentes de la desvinculación laboral. Este procedimiento administrativo laboral deberá respetar el debido proceso, el derecho a defensa, el derecho a una resolución motivada, el derecho a la doble instancia y otros elementos constitutivos del debido proceso, consagrados en los arts. 115.II y 117 de la CPE…” (SCP Nº 1096/2012)

O la doble instancia:

“…En efecto, la SCP 0591/2012 de 20 de julio, emitida dentro de una acción de inconstitucionalidad concreta, en resguardo de los derechos al debido proceso y a la doble instancia dentro del procedimiento administrativo laboral ante las autoridades del Ministerio del Trabajo, declaró INCONSTITUCIONAL la palabra “únicamente” del parágrafo IV del art. 10 del DS 28699, incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, debido a que dichas normas excluían la vía de impugnación en vía administrativa del acto conminatorio de reincorporación, previendo una única instancia para resolver administrativamente tal situación. Por ello, ésta Sentencia Constitucional entendió que contra dicho acto administrativo, procedían los recursos de revocatoria y jerárquico, a los que podían acudir tanto el trabajador como empleador; a cuyo efecto se deben aplicar las normas contenidas en los arts. 56 a 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), mientras el Órgano Legislativo emita las normas específicas que requiere la potestad administrativa para resolver conflictos laborales…” (SCP Nº 1096/2012 acceso efectivo a la justicia) SCP Nº 0019/2013; SCP Nº 0196/2013).

b)     Lesiones al debido proceso dentro del proceso interno sancionador

“…Finalmente es menester indicar que la sub regla número tres de la SCP 0177/2012, también es complementada por la presente Sentencia Constitucional, en sentido de que la trabajadora o trabajador podrá acudir directamente a la acción de amparo constitucional sin necesidad de acudir a la vía de la jurisdicción laboral ordinaria, cuando el retiro intempestivo resulte de un proceso interno sancionatorio sustanciado sin las debidas garantías constitucionales…”. (SCP Nº 1096/2012)

c)     Control de la conminatoria de reincorporación

Por otro lado, también es posible el control del acto administrativo de la conminatoria.

Es el caso del control de la fundamentación de la conminatoria de reincorporación:

“…Bajo el entendido de que las SSCCPP 0138/2012 y 0177/2012, obligan a la justicia constitucional a efectivizar conminatorias laborales de reincorporación del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social sin atender a su contenido, al menos deben desarrollar las razones que fundamentan la conminatoria y por supuesto una conminatoria clara, es decir, no resulta lógico que la justicia constitucional ejecute una resolución que no respeta estándares del debido proceso, pues en ciertos casos implicaría inclusive consagrar la violación de derechos…” (SCP Nº 0213/2013-L)

Limitaciones de tutela (no tutela directa)

Finalmente, la acción de amparo constitucional reconoce limitaciones en cuanto al ámbito de su decisión.

Así, existe la regla de no intervención en casos de despido por proceso interno:

“…3) En aquellos casos en que la trabajadora o trabajador, fuera sometido a un proceso interno dentro el cual se determine su despido por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y art. 9 del DR, en su caso por vulneración a su Reglamento Interno, el procedimiento previsto por el DS 0495, no será aplicable; debiendo la trabajadora o trabajador, que estime que su destitución fue ilegal o injustificada, incoar la correspondiente demanda de reincorporación ante la judicatura laboral”. (SCP Nº 0177/2012)

No obstante ello, como se indicó anteriormente, esta regla cuenta con una excepción, que se funda en el respecto al debido proceso:

“…Finalmente es menester indicar que la sub regla número tres de la SCP 0177/2012, también es complementada por la presente Sentencia Constitucional, en sentido de que la trabajadora o trabajador podrá acudir directamente a la acción de amparo constitucional sin necesidad de acudir a la vía de la jurisdicción laboral ordinaria, cuando el retiro intempestivo resulte de un proceso interno sancionatorio sustanciado sin las debidas garantías constitucionales…”. (SCP Nº 1096/2012)

Por último, cuando el trabajador no opta por la reincorporación no es posible, vía amparo constitucional, el Pago de Beneficios Sociales, debiendo acudir, para el caso de controversia, a la vía conciliatoria o a la laboral. (SCP Nº 0222/2012; SCP Nº 1096/2012)

LA ESTABILIDAD LABORAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL (PARTE I)

Pedro Francisco Callisaya Aro [1]

           I.     UNA NECESARIA INTRODUCCIÓN

A partir de la Constitución Política del Estado del 2009 se asume el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario[2], que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de paz, comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos en un marco de interculturalidad y pluralismo.

En ese entendido, el desarrollo normativo de la Constitución y, en su caso, la adecuación de la normativa previamente existente, ha resaltado en el marco de los Derechos Sociales, algunos derechos como la estabilidad laboral, como parte del proceso de construcción de ese diseño estatal.

Así, esta ponencia tiene el objetivo de describir un derecho en particular reconocido por el artículo 49.III de la Constitución Política del Estado como es la estabilidad laboral, vista desde la perspectiva de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Para tal fin se han identificado Sentencias Constitucionales de las gestiones 2012-2013 que constituyen hitos en la temática así como otras que las consolidan, para posteriormente proceder a sistematizarlas en torno a determinados criterios. Aclarando que el presente trabajo se circunscribe al análisis de la estabilidad laboral en lo referente al incumplimiento del artículo 16 de la LGT y 9 del DR.

         II.     ACERCA DEL DERECHO DE TRABAJO Y LA ESTABILIDAD LABORAL

Sin duda, el Derecho del Trabajo interpela la lógica clásica del Derecho construido bajo el paradigma de la “igualdad formal” y la “autonomía de la voluntad”.

Genera un ámbito de especial protección del trabajador con la finalidad de compensar las desigualdades materiales y jurídicas, concepción que deviene de la Carta de Berna y se encuentra traducida en el Capítulo XIII del Tratado de Versalles.

En ese entendido, se debe valorar adecuadamente el carácter tutelar de las normas, principios y leyes que caracterizan el Derecho del Trabajo como un sistema de protección al trabajador.

Así, la emisión de un fallo jurisdiccional debe considerar la existencia de varios contextos: el jurídico (normativo y jurisprudencial), el axiológico (principios y valores constitucionales) y el fáctico (realidad política, social y económica).

Por otro lado, se debe tener presente que el Derecho del Trabajo tiene características particulares que hacen que se diferencie de otras ramas del Derecho; es así que contiene normas de orden público y normas tutelares o protectivas a favor de las trabajadoras y trabajadores, se estructura fundamentalmente sobre el reconocimiento de ciertos principios de carácter normativo que surgen con los nuevos conceptos sociales cuya tendencia, es la de preservar las garantías de los derechos laborales reconocidos en la Constitución Política del Estado y disposiciones conexas.

Uno de los principios que sustenta el Derecho de Trabajo es el de la Estabilidad Laboral que se encuentra reconocida en el artículo 49.III de la Constitución Política del Estado Plurinacional, por el cual se impone la necesidad de la reincorporación como instituto jurídico que surge en el Convenio de Filadelfia de 1944 de la OIT que permite identificar el principio de continuidad de medios de subsistencia, por lo que se recomienda a los Estados asumir el concepto de Estabilidad Laboral, propio del Derecho al Trabajo como instrumento protector.

Entonces, la vulneración del derecho a la estabilidad laboral implica la activación del instituto de la reincorporación a través de un proceso que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 numeral 8 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, es de competencia de los jueces en materia del Trabajo y Seguridad Social. No obstante ello, también la justicia constitucional ha tomando prevención en el conocimiento del tema desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales, desembocando en medidas como la reincorporación.

       III.     NORMATIVA APLICADA

La jurisprudencia constitucional utiliza básicamente dos fuentes normativas: el Derecho Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Constitucional acompañado de la normativa interna infra-constitucional.

En esa lógica, la jurisprudencia constitucional ha reconocido como parte de la fuente internacional el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que refiere:

Artículo 4. “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”.

Artículo 5. Considera que no son causa justificada para la conclusión de la relación laboral: “La afiliación sindical, la representación de los trabajadores, las quejas o reclamos ante la autoridad administrativa del trabajo. También, las referidas a la raza, el color, el sexo, el estado civil, la religión, la opinión política y las responsabilidades familiares, vinculadas estas últimas con el embarazo, la maternidad”.

Artículo 8. …el derecho del trabajador a recurrir ante la autoridad competente cuando considere que la terminación de su relación de trabajo es injustificada.

Artículo 10. “Si los organismos encargados de la verificación llegan a la conclusión de que la terminación es arbitraria e intempestiva, el Convenio prevé conforme a la legislación y la práctica nacional la anulación de la terminación, o sea, la readmisión del trabajador, o el pago de una indemnización adecuada”.

Por otro lado, es común la mención de la Declaración Universal de Derechos Humanos en referencia al Derecho al Trabajo.

En el ámbito interno, es importante la mención del artículo 49.III de la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) que prescribe:

Artículo 49.III. El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes.

Paralelamente, la estabilidad laboral se encuentra desarrollada en la normativa infra-constitucional a través del DS 28699 cuyo artículo 11 establece lo siguiente:

Artículo 11.- (Estabilidad laboral). I. Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias.

II. Mediante Decreto Supremo, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma y alcances de la Estabilidad Laboral.

Complementariamente, respecto a la reincorporación, el artículo 10 dispone:

Artículo 10.- (Beneficios sociales o reincorporación).

I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.

II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que le corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley.

III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo.

En el mismo sentido y en forma complementaria el DS 495 incorpora en el artículo 10 del DS 28699 el siguiente texto:

Artículo Único.-

I.       Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:

“III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.”

II.     Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:

“IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral”.

Es de aclarar que la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP Nº 0591/2012 Declara inconstitucional la palabra “únicamente” del artículo único, parágrafo II del referido Decreto, con la finalidad de proteger la doble instancia en sede administrativa.

Finalmente, se debe tener presente lo establecido en la RM 868/2010 que reglamenta el proceso de tramitación para el caso de la solicitud de reincorporación por parte del trabajador despedido injustificadamente.

Complementariamente, la jurisprudencia constitucional hace referencia normativa a la Ley contra Racismo y toda forma de Discriminación con la finalidad de lograr un control de razonabilidad en las acciones de despido arbitrarios fundados en causales de discriminación.

       IV.     CONCEPCIÓN JURISPRUDENCIAL RESPECTO DE LOS DERECHOS LABORALES VINCULADOS A LA ESTABILIDAD LABORAL

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado una serie de concepciones respecto a los derechos laborales vinculados a la estabilidad laboral.

Entendimiento del Derecho al Trabajo

El derecho al trabajo ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional como:

“…la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona para desarrollar cualquier actividad física o intelectual… (SC 1132/2010-R de 1 de diciembre); e incorporada en el art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) cuando señala que: '1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo (…) que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana…”.

Remuneración justa

La jurisprudencia, claramente ha emparentado el derecho al trabajo con el derecho a una remuneración justa, así la SCP Nº 0567/2012 y la SC Nº 0102/2003-R entre otras, refieren en sentido de que el derecho al trabajo:

“…supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por igual trabajo, sin ninguna distinción…”.

Estabilidad laboral

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de trabajo, donde la discusión del vínculo laboral depende de la voluntad del trabajador y sólo por excepción del empleador o de las causas que hagan imposible su continuación.

En otras palabras, se trata de proteger al trabajador de los despidos arbitrarios, limitar la libertad incondicional del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen inseguridades y problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su trabajo.

La jurisprudencia constitucional ha sido precisa al respecto en la SCP Nº 0177/2012:

“El principio de la estabilidad laboral. Denominado también como principio de la continuidad de la relación laboral, que manifiesta el derecho que tiene el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, salvo que existan causas legales que justifiquen el despido. Constituyen causas legales que justifican el despido según nuestra legislación vigente, las establecidas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo y el art. 9 de su Decreto Reglamentario (DR). Este principio encuentra su fundamento en que la estabilidad de la relación laboral da seguridad y confianza al trabajador al permitirle continuar con su trabajo que le genera un salario para la satisfacción de sus necesidades familiares, al mismo tiempo beneficia a la parte empleadora porque contribuye al mayor rendimiento del trabajador como resultado de su experiencia laboral. Finalmente beneficia a la sociedad mejorando el bienestar social, ya que la inestabilidad en el trabajo crea problemas sociales colaterales como la desocupación, pobreza, delincuencia y otros.

Este principio expresa la necesidad social de atribuirle una larga duración a las relaciones de trabajo y de proteger al trabajador contra el despido arbitrario e injustificado por parte del empleador, protege uno de los derechos fundamentales del trabajador cual es el derecho al trabajo, que precisamente es atacado por el fenómeno de la globalización ya que los empleadores exigen el libre despido para hacer frente a las fluctuaciones del mercado (…)

En este contexto de carácter doctrinario, nuestra legislación con el objeto de otorgar una efectiva protección jurídica al trabajador, ha incorporado los referidos principios en el art. 48.II de la CPE, (…). En este mismo sentido el DS en su art. 4 ratifica la vigencia plena en las relaciones laborales del principio protector con sus reglas del in dubio pro operario y de la condición mas beneficiosa, así como los principios de continuidad o estabilidad de la relación laboral, de primacía de la realidad y de no discriminación. Por su parte el art. 11.I del citado precepto establece: “Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias”.

Estabilidad laboral absoluta y relativa

La jurisprudencia constitucional, también ha reconocido la pertinencia de una diferencia entre estabilidad absoluta, relativa y reforzada.

“…la estructura normativa en sus diferentes ámbitos está dirigida en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente. Es decir, entre la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. La primera entendida como el derecho del trabajador a reincorporarse a su fuente de trabajo cuando éste fue objeto de un despido intempestivo y sin una causa legal justificada y la segunda, como el derecho del trabajador a ser indemnizado por la ruptura injustificada de la relación laboral…” (SCP Nº 0177/2012; SCP Nº 0854/2012).

Estabilidad laboral reforzada

Para el caso de personas con capacidades diferentes, o aquellas que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, el Tribunal Constitucional ha generado la figura de la estabilidad laboral reforzada.

“…De acuerdo a las características del caso concreto, corresponde insistir que se tiene estipulado que el derecho fundamental a la inamovilidad funcionaria de personas que tengan bajo su dependencia individuos con discapacidad -en primer grado en línea directa y hasta el segundo grado en línea colateral-, importa una protección constitucional reforzada para obtener y conservar una fuente de trabajo, a modo de prever una eventual ruptura de la relación laboral que afecte al discapacitado en los beneficios que le asisten…”

“…De esta cita, se infiere que el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios en las condiciones referidas, importa la inamovilidad laboral y excepcionalmente, su despido -únicamente cuando se compruebe una causa justa y previo proceso…” (SCP Nº 0634/2012; SCP Nº 0019/2013)

Vivir Bien y Derechos Sociales

Un reconocimiento importante de la jurisprudencia constitucional fue la integración de los derechos sociales en torno al principio del Vivir Bien reconocido por la Constitución. Así la SCP Nº 1487/2012 refiere:

III.2.1.1.Sobre el “vivir bien” y su relación con los derechos sociales aludidos

En este punto es preciso hacer énfasis en el “vivir bien”, al tener directa relación con los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y otros involucrados en la temática de examen en la que se denuncia despido injustificado de parte del demandado. En ese contexto, se debe tener presente que el art. 8.I de la Ley Fundamental, asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural, el suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble), entre otros; siendo que a partir de la cosmovisión de los pueblos indígenas, éstos se conducen por la defensa de la vida y que el Estado, además de los fines y funciones esenciales a los cuales se halla constreñido por disposición de la Norma Suprema, debe garantizar el bienestar, seguridad, protección e igual dignidad de las personas, las naciones, pueblos y comunidades; dando observancia por ende a los principios, valores, derechos y deberes amparados en la Constitución Política del Estado.

En ese sentido, el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, debe asegurar para la sociedad en su conjunto, el cumplimiento del “vivir bien”, al cual la Norma Suprema constriñe, al regularlo como un principio ético-moral de la sociedad plural. “Vivir bien”, que conforme se ha dejado establecido en anteriores fallos, tiene varias acepciones, como: “vivir en paz”, “vivir a gusto”, “convivir bien”, “llevar una vida dulce” o “criar la vida del mundo con cariño”; asumiendo un sentido más pleno desde un punto de vista biológico, humano y espiritual; entendiendo la vida como una integralidad que explica la convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza, mediada por la espiritualidad.

Así, el “vivir bien” no debe quedarse como un simple enunciado inserto en la Constitución Política del Estado, sino que debe buscarse su cumplimiento, más aún cuando se trata de derechos fundamentales de significativa importancia, como son la vida, la salud, el trabajo, una remuneración justa y la seguridad social; por cuanto, en casos como en el que se analiza, en el que se involucran sectores de vulnerabilidad como son los trabajadores frente a los empleadores, no puede dejarse en desprotección a los mismos, sino que se debe asegurar la observancia de los derechos que incluye la Ley Fundamental y los tratados y convenios internacionales, con la máxima búsqueda del “vivir bien” al que el Estado se halla obligado.

De lo referido, resalta que, lo que busca la Constitución Política del Estado, es que todas las personas que forman parte del Estado Plurinacional de Bolivia, accedan a un “vivir bien”, dirigiendo sus fines hacia ello al estar vinculado íntimamente con derechos de máxima importancia como la vida, la salud, el trabajo y otros, que posibilitan al ser humano vivir con dignidad contando con los mínimos esenciales para su supervivencia; cuestiones que no son cumplidas cuando se impide por actos ilegales, acceder a las condiciones que garantizan una existencia digna…”

No discriminación

El control constitucional del cumplimiento de los derechos fundamentales avanza sobre la discrecionalidad en el acto de despido del trabajador, cuando éste acto se aparta del principio de no discriminación:

“…La normativa constitucional e internacional emergente de tratados de Derechos Humanos y convenciones internacionales desarrollada, permite concluir que el Estado tiene la especial obligación de crear condiciones que procuren a todos los ciudadanos amplias posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y remuneración justa, a fin de asegurar la continuidad de los medios de subsistencia y mejores condiciones de vida para la población; sin que en el ámbito laboral, ni en ningún otro, esté permitida la discriminación, habiéndose eliminado por disposición constitucional toda forma de racismo, discriminación, colonialismo y toda práctica de segregación y discriminación que acompañan a la misma, a objeto de un disfrute completo de los derechos fundamentales consignados en la Norma Suprema; y, en el caso en concreto, de los derechos de los ciudadanos en materia laboral, siendo que se advierte la existencia de situaciones en las que se asumen decisiones arbitrarias para despedir a los trabajadores burlando sus derechos, bajo causas no justificadas y que constituyen despidos injustificados, cuando lo que busca el orden constitucional vigente el es respeto a los derechos laborales en nuestro país…” (SCP Nº 1487/2012)